El origen de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias

Introducción

• Definición de violencia intrafamiliar: dinámica abusiva dentro del núcleo familiar.
• Formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial.
• Importancia del abordaje desde salud pública, derechos humanos y justicia social.

La violencia intrafamiliar se define como cualquier acción u omisión que dañe, lastime o amenace el bienestar físico, emocional, psicológico, sexual, económico o patrimonial de un integrante del núcleo familiar. Este tipo de violencia se presenta dentro del espacio que debería ser seguro: el hogar. Se manifiesta en relaciones marcadas por el poder, el control y la dependencia, y puede afectar a personas de todas las edades, aunque mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad son particularmente vulnerables.

Las formas de violencia intrafamiliar son diversas y a menudo se entrelazan. La violencia física incluye cualquier agresión corporal, desde empujones hasta golpes severos. La violencia psicológica se manifiesta en insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento o control. La violencia sexual implica cualquier acto sexual forzado o no consentido dentro de la familia, incluyendo la pareja. La violencia económica y patrimonial se refiere al control del dinero, la negación de recursos o el despojo de bienes, que impide la autonomía de las personas, en especial de las mujeres.

Desde la perspectiva de salud pública, esta problemática tiene efectos severos y prolongados en la salud física y mental de las víctimas. Desde un enfoque de derechos humanos, se reconoce como una violación grave que debe ser atendida, sancionada y erradicada. Y desde la justicia social, visibilizar y combatir la violencia intrafamiliar implica transformar estructuras de desigualdad, promover relaciones equitativas y garantizar entornos familiares libres de violencia.

Factores estructurales y culturales

• Roles y estereotipos de género tradicionales.
• Patriarcado, desigualdad de poder y normalización del control.
• Creencias socioculturales que toleran o minimizan la violencia en el hogar.

La violencia intrafamiliar no ocurre de forma aislada ni exclusivamente por factores individuales. Está profundamente enraizada en factores estructurales y culturales que perpetúan relaciones desiguales de poder y toleran conductas violentas dentro del entorno familiar. Uno de los elementos clave es la persistencia de roles y estereotipos de género tradicionales, que asignan a las mujeres funciones de cuidado, obediencia y sumisión, mientras que a los hombres se les atribuye la autoridad, el control y la toma de decisiones. Estas creencias refuerzan jerarquías rígidas que dificultan relaciones equitativas.

El patriarcado, como sistema social, sostiene la supremacía masculina en los ámbitos público y privado, y justifica la subordinación de otras identidades de género. Esta desigualdad estructural se traduce en dinámicas de poder dentro del hogar, donde los actos de control, celos, coerción o castigo hacia integrantes de la familia son normalizados o incluso legitimados por discursos culturales, religiosos o legales.

Además, muchas creencias socioculturales minimizan la violencia al considerarla un asunto privado o una “cuestión de pareja”, lo que obstaculiza su denuncia y abordaje. Frases como “lo que pasa en casa se queda en casa” o “los problemas familiares se resuelven entre ellos” refuerzan el silencio y la impunidad. También es común que se responsabilice a las víctimas por provocar la violencia, reforzando así un ciclo de culpabilización y retraimiento. Comprender y cuestionar estos factores es indispensable para intervenir eficazmente desde los sectores de salud, educación, justicia y comunidad.

Factores individuales y psicosociales

• Ciclos de violencia aprendidos desde la infancia.
• Abuso de sustancias, trastornos mentales y baja autoestima.
• Historial de maltrato o negligencia en la niñez.

Además de los factores estructurales y culturales, la violencia intrafamiliar también está influida por factores individuales y psicosociales que pueden aumentar el riesgo tanto de ejercerla como de experimentarla. Entre ellos, destacan los ciclos de violencia aprendidos desde la infancia, en los que niñas y niños crecen en entornos marcados por el maltrato, el abuso o el control coercitivo, normalizando estas dinámicas como formas válidas de vinculación o resolución de conflictos. Esta exposición temprana puede perpetuar patrones de conducta abusiva en la adultez, ya sea como víctimas o agresores.

Otro elemento relevante es el abuso de sustancias psicoactivas, como el alcohol o drogas, que si bien no son causas directas de la violencia, pueden agravar situaciones de agresividad, disminuir el autocontrol y dificultar la toma de decisiones conscientes. Asimismo, trastornos de salud mental no tratados, como trastornos de la personalidad, impulsividad, depresión o ansiedad, pueden incidir en las dinámicas violentas, sobre todo cuando no existe una red de apoyo o tratamiento adecuado.

La baja autoestima, la dependencia emocional, la inseguridad y la carencia de habilidades para la resolución pacífica de conflictos también son factores que pueden dificultar el reconocimiento de una relación abusiva y la búsqueda de ayuda. Finalmente, experiencias previas de maltrato o negligencia durante la niñez, como abandono, abuso físico, emocional o sexual, tienden a dejar huellas profundas que influyen en las formas de vinculación afectiva y en la percepción de los límites personales en la vida adulta. Estos factores, aunque individuales, no deben ser entendidos como justificaciones, sino como señales de riesgo que requieren atención integral y sensible desde los servicios de salud, educación y protección social.

Tipología de violencia intrafamiliar

• Contra mujeres (violencia de pareja).
• Contra niñas, niños y adolescentes.
• Contra personas mayores.
• Violencia bidireccional o cruzada.

La tipología de la violencia intrafamiliar permite entender cómo se manifiesta este fenómeno en función de las características de las víctimas, del agresor y de la relación entre ambos. Si bien puede presentarse en múltiples formas y combinaciones, existen algunas categorías ampliamente reconocidas que facilitan su identificación, abordaje y prevención.

La violencia contra mujeres en el ámbito de la pareja es una de las formas más frecuentes y visibilizadas de violencia intrafamiliar. Se manifiesta a través de agresiones físicas, sexuales, emocionales o económicas ejercidas por la pareja o expareja, y está profundamente vinculada a relaciones de poder desiguales, control coercitivo y patrones de dominación. Esta violencia puede ser cíclica y escalar progresivamente, generando un alto impacto en la salud física y mental de las mujeres, además de consecuencias en su entorno familiar, especialmente en hijos e hijas.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes se expresa mediante negligencia, castigo corporal, abuso psicológico, abuso sexual o explotación. Este tipo de violencia suele estar invisibilizada o justificada socialmente como disciplina o autoridad, cuando en realidad puede generar traumas graves, afectar el desarrollo y perpetuar patrones intergeneracionales de violencia. La exposición a violencia de pareja también se considera una forma de maltrato infantil, aunque el niño o niña no sea directamente agredido.

Por su parte, la violencia hacia personas mayores puede incluir abandono, negligencia en el cuidado, abuso económico, aislamiento, maltrato psicológico y en ocasiones, violencia física. Puede ser ejercida por familiares directos, cuidadores o personas a cargo, y suele estar marcada por la dependencia, la invisibilidad social y la dificultad de denuncia por parte de las víctimas.

Finalmente, se reconoce también la existencia de violencia bidireccional o cruzada, en la que ambos miembros de una relación (pareja o familia) ejercen violencia mutua, aunque no siempre con la misma intensidad, motivación o consecuencias. Este tipo de violencia no debe interpretarse como simétrica automáticamente, ya que pueden existir relaciones de poder desiguales que invisibilizan situaciones de defensa o resistencia.

Comprender esta tipología permite una respuesta diferenciada y especializada, basada en la protección de derechos, la atención integral a las víctimas y la prevención de futuras violencias.

Ciclo de la violencia

• Fase de tensión.
• Episodio agudo de violencia.
• Luna de miel o reconciliación.
• Repetición del ciclo y escalamiento.

El ciclo de la violencia es un modelo teórico desarrollado por la psicóloga Lenore Walker para explicar cómo se desarrolla y perpetúa la violencia en las relaciones íntimas o familiares. Este patrón no solo describe la recurrencia de la agresión, sino también los mecanismos emocionales y psicológicos que dificultan la ruptura del vínculo violento. Se compone de tres fases que tienden a repetirse y, en muchos casos, escalar en intensidad y gravedad con el tiempo.

La fase de tensión es el inicio del ciclo. En esta etapa, se percibe un incremento en el malestar, la irritabilidad y el control por parte del agresor. Se acumulan conflictos no resueltos, críticas, amenazas sutiles o abiertas, y un ambiente emocional denso. La víctima suele esforzarse por mantener la calma, complacer al agresor o evitar confrontaciones, pero experimenta ansiedad, miedo y anticipación de una agresión inminente. Aunque aún no hay violencia física, la tensión emocional puede ser profundamente dañina.

La siguiente etapa es el episodio agudo de violencia, en el que se produce la agresión explícita. Esta puede manifestarse como violencia física, sexual, verbal o psicológica, y representa el punto culminante de la acumulación de tensión. Es un momento traumático que pone en peligro la integridad física y emocional de la víctima, y puede incluir amenazas, golpes, gritos, abuso sexual, destrucción de objetos, entre otros actos violentos.

Después del episodio, se presenta la fase llamada luna de miel o reconciliación, donde el agresor muestra arrepentimiento, pide perdón, promete cambiar y actúa de forma afectuosa. En algunos casos, ofrece regalos, atenciones especiales o gestos de “reparación” que confunden a la víctima. Esta etapa puede generar la esperanza de que la situación mejorará, dificultando la denuncia o la decisión de terminar la relación. Sin embargo, este comportamiento suele ser parte del mismo ciclo de control.

Con el tiempo, el ciclo tiende a repetirse, pero con un escalamiento progresivo. Las fases de reconciliación se hacen más cortas o desaparecen, mientras que la violencia se vuelve más frecuente y severa. El poder del agresor se consolida mediante el miedo, la culpa, la dependencia emocional o económica, y el aislamiento de la víctima.

Reconocer este ciclo es fundamental para intervenir de forma oportuna, romper con la normalización de la violencia y brindar apoyo psicológico, médico, legal y social a quienes la padecen. Además, permite visibilizar que la violencia no es un hecho aislado, sino un proceso que puede y debe detenerse.

Consecuencias en la salud física y mental

• Lesiones, discapacidades, enfermedades crónicas.
• Trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático.
• Impacto en el neurodesarrollo infantil.

La violencia intrafamiliar tiene consecuencias profundas y multidimensionales en la salud física y mental de las personas afectadas, especialmente en mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Estas secuelas pueden ser inmediatas o prolongadas, con efectos acumulativos que deterioran significativamente la calidad de vida y el bienestar integral.

En el plano físico, las personas sobrevivientes pueden presentar lesiones visibles como contusiones, fracturas, quemaduras o heridas, así como daños internos que requieren atención médica especializada. En casos de violencia prolongada, es común el desarrollo de discapacidades permanentes derivadas del trauma físico, neurológico o funcional. Además, existe una asociación clara entre la violencia y el desarrollo de enfermedades crónicas como hipertensión, trastornos gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, dolor crónico o problemas ginecológicos en mujeres víctimas de violencia sexual o física.

Desde la perspectiva de la salud mental, la violencia genera un deterioro emocional progresivo. Las víctimas suelen padecer trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades para establecer relaciones afectivas sanas. También es frecuente la presencia de estrés postraumático, caracterizado por pesadillas, hipervigilancia, flashbacks, insomnio y sensación de amenaza constante. Estos síntomas pueden agravarse si no se cuenta con redes de apoyo ni acceso a servicios psicológicos.

En el caso de la infancia expuesta a violencia intrafamiliar, el impacto puede ser aún más grave. La violencia en el entorno familiar afecta directamente el neurodesarrollo infantil, alterando el funcionamiento cerebral en etapas críticas. Esto puede traducirse en problemas de aprendizaje, conducta agresiva, retraimiento, dificultades en el lenguaje y alteraciones en el desarrollo emocional. Además, los niños y niñas que crecen en contextos violentos tienen un mayor riesgo de replicar conductas abusivas en la adultez o de normalizar el maltrato en sus relaciones.

Estas consecuencias subrayan la necesidad de intervenciones integrales en salud pública, con un enfoque preventivo, terapéutico y de acompañamiento psicosocial, así como políticas intersectoriales que garanticen una atención oportuna, accesible y basada en derechos humanos.

Repercusiones familiares y sociales

• Ruptura de vínculos afectivos y desintegración familiar.
• Reproducción intergeneracional de la violencia.
• Exclusión social, estigmatización y pobreza.

Las repercusiones de la violencia intrafamiliar se extienden más allá del individuo, afectando profundamente la estructura familiar y el tejido social. En el plano familiar, uno de los efectos más inmediatos y devastadores es la ruptura de los vínculos afectivos. La confianza, el sentido de seguridad y la comunicación se deterioran progresivamente, generando dinámicas disfuncionales que muchas veces culminan en la desintegración familiar. Esta ruptura puede manifestarse en separaciones conflictivas, abandono, distanciamiento entre madres/padres e hijos, y un ambiente hostil que perpetúa el sufrimiento emocional de todos los integrantes del hogar.

Una de las consecuencias más preocupantes es la reproducción intergeneracional de la violencia. Los niños, niñas y adolescentes que crecen en contextos violentos internalizan estas dinámicas como formas normales de relación, aumentando las probabilidades de que en el futuro sean víctimas o perpetuadores de violencia en sus propias relaciones afectivas. Esto perpetúa un ciclo de maltrato que se transmite de una generación a otra, dificultando la construcción de entornos familiares saludables y seguros.

A nivel social, la violencia intrafamiliar conlleva procesos de exclusión y estigmatización, particularmente para las víctimas. Muchas personas, especialmente mujeres, enfrentan rechazo, prejuicios o culpabilización cuando intentan romper con la violencia o denunciar a su agresor. Esto puede llevar a situaciones de aislamiento social, pérdida de redes de apoyo y dificultades para acceder a empleo, educación o vivienda. Además, las secuelas físicas y psicológicas limitan las oportunidades de desarrollo personal y profesional, agravando condiciones de pobreza y dependencia económica, lo que a su vez dificulta la salida de la situación de violencia.

Estas repercusiones evidencian que la violencia intrafamiliar no es solo un problema privado, sino un asunto de salud pública y justicia social, cuya atención requiere respuestas colectivas, políticas intersectoriales y estrategias preventivas que involucren a la comunidad, el sistema educativo, los servicios de salud y los marcos legales de protección.

Detección y abordaje desde el primer nivel de atención

• Identificación de signos físicos, emocionales y conductuales.
• Uso de protocolos de atención integral y referenciación segura.
• Confidencialidad, escucha activa y atención con perspectiva de género.

El primer nivel de atención en salud juega un rol fundamental en la detección oportuna y el abordaje inicial de la violencia intrafamiliar, siendo muchas veces el primer contacto que tiene la persona afectada con un profesional capaz de identificar y atender su situación. En este contexto, el personal de salud debe estar capacitado para reconocer signos físicos, emocionales y conductuales que pueden ser indicativos de violencia. Entre los más frecuentes se encuentran lesiones inexplicables o recurrentes, síntomas psicosomáticos, ansiedad, retraimiento, depresión, miedo al acompañante o evasión al responder ciertas preguntas.

Una vez identificado un posible caso de violencia, es crucial aplicar protocolos de atención integral que contemplen la seguridad física y emocional de la persona, el acompañamiento inmediato y la referenciación segura a servicios especializados, como psicología, trabajo social, atención jurídica y albergues si fuese necesario. El actuar del personal debe regirse por principios de confidencialidad, respeto y protección a la víctima, evitando prácticas revictimizantes y asegurando que la persona mantenga el control de sus decisiones.

La escucha activa es una herramienta esencial: implica prestar atención genuina, sin emitir juicios, validando las emociones expresadas y brindando contención. Esta práctica debe ir acompañada de una perspectiva de género, entendiendo que muchas formas de violencia intrafamiliar tienen raíces estructurales en las desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Integrar esta mirada permite ofrecer una atención empática, contextualizada y centrada en los derechos humanos, promoviendo la autonomía de las personas y contribuyendo a la interrupción del ciclo de violencia desde los espacios de atención primaria en salud.

Marco legal y protección

• Normas nacionales (p. ej., Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).
• Protocolos interinstitucionales (salud, justicia, protección social).
• Obligación ética y legal del personal de salud de intervenir.

El marco legal en materia de violencia intrafamiliar constituye una herramienta esencial para garantizar la protección de las personas afectadas, especialmente mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. En México, uno de los principales instrumentos jurídicos es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece los tipos de violencia, las modalidades (incluyendo la violencia familiar), y las obligaciones de las instituciones del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática. Esta ley reconoce la violencia como una violación a los derechos humanos y un asunto de salud pública.

Además de esta ley, existen protocolos interinstitucionales de actuación que vinculan a diversos sectores —como salud, procuración de justicia, educación, desarrollo social y protección civil— para ofrecer una respuesta integral y coordinada. Por ejemplo, los Protocolos de Atención Integral en Casos de Violencia Familiar o Sexual establecen rutas críticas para garantizar atención médica, psicológica, legal y social, así como mecanismos de denuncia, protección inmediata y seguimiento de los casos.

En este contexto, el personal de salud tiene la obligación ética y legal de intervenir cuando identifica o sospecha de un caso de violencia intrafamiliar. Esta intervención no implica necesariamente una denuncia directa por parte del profesional, pero sí exige actuar bajo el principio de protección, canalizando a la persona a servicios especializados, documentando adecuadamente la atención y respetando la confidencialidad, salvo en situaciones en las que la vida o integridad de la persona esté en riesgo o se trate de menores de edad o personas incapaces legalmente, donde sí procede la notificación obligatoria.

La incorporación de este marco normativo en la práctica cotidiana promueve una atención sensible, fundamentada en derechos y orientada a la prevención de la revictimización, el acceso a la justicia y la reparación del daño. Además, contribuye a posicionar al sector salud como un actor clave en la erradicación de la violencia familiar desde una perspectiva de corresponsabilidad institucional y social.

Conclusión

• La violencia intrafamiliar es prevenible y tratable.
• Requiere una acción coordinada entre sectores y una mirada integral que contemple lo emocional, lo físico, lo legal y lo social.

La violencia intrafamiliar, aunque profundamente arraigada en estructuras sociales, culturales y familiares, es una problemática prevenible y tratable. Reconocerla como una violación a los derechos humanos y un grave problema de salud pública permite visibilizar sus múltiples manifestaciones y consecuencias, así como activar mecanismos efectivos para su atención y erradicación. Prevenirla implica no solo actuar ante los casos ya existentes, sino también transformar las condiciones estructurales que la perpetúan: la desigualdad de género, los estigmas, la normalización del control y la reproducción de roles rígidos en el ámbito familiar.

Para lograr un abordaje efectivo, se requiere una acción coordinada entre distintos sectores: salud, justicia, educación, trabajo social, seguridad pública y organizaciones comunitarias. Cada uno aporta herramientas y recursos valiosos para intervenir desde su ámbito de competencia, pero es la intersectorialidad, la comunicación constante y el intercambio de información y recursos lo que permite garantizar respuestas oportunas, sensibles y centradas en la persona afectada.

Una mirada integral que considere los aspectos físicos, emocionales, legales y sociales es fundamental para generar procesos de atención que no revictimicen, que respeten la dignidad de las personas y que promuevan su autonomía y recuperación. Así, el compromiso institucional y profesional, acompañado de políticas públicas sólidas y una sociedad informada y participativa, constituye el camino hacia entornos familiares más seguros, justos y libres de violencia.