Mortalidad perinatal en el medio rural

Introducción

• Definición de mortalidad perinatal: muertes fetales (≥22 semanas) + muertes neonatales precoces (0-7 días).
• Importancia como indicador de desarrollo y calidad del sistema de salud.
• Mayor vulnerabilidad en zonas rurales por condiciones estructurales y socioculturales.

La mortalidad perinatal se refiere a la suma de las muertes fetales a partir de las 22 semanas de gestación (también conocidas como muertes fetales tardías) y las muertes neonatales precoces, es decir, aquellas que ocurren dentro de los primeros siete días de vida. Este indicador es uno de los más sensibles para medir no solo el estado de salud materna e infantil, sino también la calidad del sistema de salud, especialmente en lo que respecta a la atención del embarazo, el parto y el periodo neonatal inmediato.

La vigilancia de la mortalidad perinatal permite identificar fallas evitables en la atención médica y en las condiciones sociales que rodean a las madres y recién nacidos, particularmente en poblaciones con alto grado de vulnerabilidad. En muchos países de América Latina, incluida México, este indicador sigue siendo elevado en comunidades rurales, indígenas o marginadas, lo que refleja desigualdades persistentes en el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud reproductiva y neonatal.

En el contexto rural, la mortalidad perinatal está fuertemente influida por condiciones estructurales y socioculturales. Entre ellas se incluyen el acceso limitado a servicios obstétricos de emergencia, la falta de transporte oportuno, la escasez de personal capacitado, así como barreras relacionadas con el idioma, la cultura o la discriminación. A esto se suman factores como la pobreza, la desnutrición materna, la violencia de género y el bajo nivel educativo, que inciden negativamente en la salud del binomio madre-hijo.

Abordar la mortalidad perinatal en el medio rural exige, por tanto, una visión integral, que combine la mejora de los servicios de salud con el fortalecimiento del desarrollo social, el respeto a los derechos humanos y la participación comunitaria. Reconocer las desigualdades que afectan a estas poblaciones y actuar en consecuencia no solo reduce las muertes evitables, sino que también contribuye a cerrar brechas históricas de inequidad en el ejercicio del derecho a la salud.

Situación epidemiológica

• Estadísticas nacionales y regionales en México y América Latina.
• Comparación urbano-rural: tasas, tendencias y brechas.
• Subregistro y dificultades en la vigilancia epidemiológica.

La mortalidad perinatal continúa siendo un problema de salud pública significativo en muchos países de América Latina, particularmente en zonas rurales, donde persisten importantes brechas en acceso y calidad de atención. En México, aunque se han logrado avances en la reducción de la mortalidad materna e infantil en las últimas décadas, la tasa de mortalidad perinatal se mantiene elevada en algunas regiones, especialmente en comunidades indígenas y rurales.

Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) y del INEGI, la tasa de mortalidad perinatal en México oscila entre 10 y 15 por cada 1,000 nacimientos en promedio, pero puede ser mucho más alta en entidades con menor desarrollo socioeconómico como Chiapas, Oaxaca o Guerrero. En contraste, entidades urbanas o con mayor infraestructura en salud muestran tasas considerablemente más bajas, lo que revela una clara desigualdad territorial. Esta diferencia es más notoria si se observa la mortalidad neonatal precoz, la cual se ve impactada directamente por la calidad de la atención al parto y al recién nacido.

La comparación entre zonas urbanas y rurales muestra que en estas últimas las tasas de mortalidad perinatal pueden duplicar o incluso triplicar las observadas en las áreas urbanas. Esta brecha es resultado de una combinación de factores, entre ellos la baja disponibilidad de servicios obstétricos de emergencia, la falta de personal especializado, las largas distancias a los centros de salud, así como la desconfianza en las instituciones por razones culturales o experiencias previas de discriminación.

Además, se reconoce la existencia de un subregistro importante de muertes fetales y neonatales en contextos rurales, lo cual dificulta una evaluación precisa de la magnitud del problema. Muchas muertes ocurren en el hogar o en el trayecto hacia una unidad de salud y no se reportan oficialmente, especialmente cuando no existe personal de salud que pueda certificar el fallecimiento. Esto limita la capacidad del sistema para planear, implementar y evaluar políticas públicas efectivas en estas zonas.

Por otro lado, el registro incompleto o impreciso de causas de muerte —ya sea por falta de capacitación del personal o por ausencia de autopsias mínimas— impide identificar patrones específicos de riesgo, lo que retrasa la toma de decisiones informadas. Fortalecer los sistemas de información en salud, con enfoque comunitario y participación local, es clave para mejorar la vigilancia epidemiológica y reducir la mortalidad perinatal en zonas rurales.

Factores asociados a la mortalidad perinatal en zonas rurales

• Acceso limitado a servicios obstétricos de emergencia.
• Embarazos de alto riesgo no detectados o mal manejados.
• Tasa elevada de partos en domicilio o con parteras no capacitadas.
• Retrasos en la toma de decisiones y traslado a unidades médicas (modelo de los tres retrasos).
• Analfabetismo, pobreza extrema, discriminación étnica o de género.

La mortalidad perinatal en zonas rurales está influida por un conjunto complejo de factores estructurales, clínicos y socioculturales que interactúan y aumentan significativamente el riesgo de muerte fetal tardía o neonatal temprana. Estos factores reflejan condiciones históricas de desigualdad y abandono institucional, así como barreras específicas en el acceso y la calidad de los servicios de salud.

Uno de los principales factores es el acceso limitado a servicios obstétricos de emergencia. En muchas comunidades rurales, los centros de salud carecen del personal, el equipo o la capacidad resolutiva para atender complicaciones graves como hemorragias, preeclampsia o trabajo de parto prolongado. A esto se suma la escasa disponibilidad de transporte sanitario, lo que retrasa el traslado oportuno a unidades de segundo o tercer nivel. Como resultado, muchas mujeres enfrentan situaciones críticas sin la posibilidad de recibir atención especializada a tiempo.

Además, los embarazos de alto riesgo —como los que ocurren en mujeres adolescentes, con múltiples gestaciones, con enfermedades crónicas o con antecedentes obstétricos adversos— muchas veces no son detectados o son mal manejados. Esto se debe, en parte, a la falta de acceso a controles prenatales adecuados, la rotación frecuente de personal de salud o la escasa continuidad en el seguimiento clínico. En consecuencia, condiciones prevenibles o manejables se convierten en factores de riesgo letales para el feto o el recién nacido.

Otro factor crítico es la alta tasa de partos domiciliarios, muchos de los cuales son asistidos por parteras tradicionales sin capacitación formal o por familiares. Aunque las parteras pueden tener un rol valioso en la atención comunitaria, la falta de integración con el sistema formal de salud y la ausencia de mecanismos de referencia oportuna limitan su capacidad para responder ante emergencias obstétricas o neonatales. En muchos casos, la elección del parto en casa no es una preferencia cultural, sino una necesidad derivada de la inaccesibilidad geográfica o económica de los servicios institucionales.

El modelo de las tres demoras ayuda a explicar cómo ocurren estos desenlaces fatales: (1) demora en reconocer la gravedad del problema y tomar la decisión de buscar atención médica; (2) demora en llegar a una unidad de salud debido a la distancia, falta de transporte o caminos intransitables; y (3) demora en recibir atención oportuna y adecuada una vez en el establecimiento de salud. Este modelo es especialmente relevante en zonas rurales, donde los tres niveles de demora son frecuentes y combinados.

Por último, es imposible ignorar el impacto de factores sociales estructurales como el analfabetismo, la pobreza extrema, y la discriminación por etnia o género. Estos elementos no solo limitan el acceso a servicios, sino que también generan desconfianza hacia el personal de salud, aumentan la invisibilidad de las mujeres rurales y restringen su autonomía para tomar decisiones sobre su salud reproductiva. Abordar estos determinantes sociales es esencial para reducir de forma sostenible la mortalidad perinatal en estos contextos.

Causas directas e indirectas frecuentes

• Causas obstétricas: preeclampsia, hemorragias, trabajo de parto prolongado.
• Infecciones perinatales no diagnosticadas ni tratadas.
• Bajo peso al nacer, prematurez, asfixia perinatal.
• Desnutrición materna, enfermedades no transmisibles sin control.

Las muertes perinatales en zonas rurales responden a un conjunto de causas clínicas bien conocidas, que pueden ser clasificadas en directas e indirectas, y cuya ocurrencia está fuertemente influenciada por el contexto de vulnerabilidad social, la calidad del sistema de salud y las condiciones de vida de las mujeres y sus familias. Muchas de estas causas son prevenibles o tratables si se identifican a tiempo y se cuenta con los recursos necesarios.

Entre las causas obstétricas directas más frecuentes se encuentran la preeclampsia y la eclampsia, que suelen no ser diagnosticadas oportunamente por falta de controles prenatales de calidad o seguimiento adecuado. Estas condiciones pueden generar complicaciones severas para el feto, como restricción del crecimiento intrauterino o muerte fetal. También son frecuentes las hemorragias obstétricas, tanto anteparto como posparto, que comprometen la oxigenación fetal o derivan en partos precipitados sin condiciones seguras. El trabajo de parto prolongado u obstruido, sobre todo en adolescentes, primigestas o mujeres sin atención profesional, constituye otra causa relevante de asfixia perinatal y muerte neonatal precoz.

En cuanto a las infecciones perinatales, muchas veces no son diagnosticadas ni tratadas a tiempo. Infecciones urinarias, vaginosis, sífilis, VIH o infecciones del líquido amniótico pueden comprometer la viabilidad fetal o desencadenar partos prematuros. La falta de tamizaje durante el embarazo, el subregistro de infecciones de transmisión sexual y la ausencia de tratamiento antibiótico oportuno agravan esta problemática.

En el recién nacido, las principales causas de muerte temprana son el bajo peso al nacer, la prematurez y la asfixia perinatal. Estas condiciones están frecuentemente relacionadas con atención prenatal deficiente, partos mal manejados, ausencia de reanimación neonatal adecuada y falta de acceso a unidades de cuidados intensivos neonatales. La falta de infraestructura y personal entrenado en zonas rurales limita la posibilidad de ofrecer cuidados básicos esenciales como el control térmico, la lactancia oportuna y el manejo inicial de las complicaciones respiratorias.

En cuanto a las causas indirectas, destacan la desnutrición materna, que compromete el desarrollo fetal, y las enfermedades no transmisibles sin control adecuado, como la diabetes gestacional, la hipertensión crónica o las cardiopatías. Estas condiciones, cuando no se detectan o no se controlan durante el embarazo, aumentan considerablemente el riesgo de muerte fetal, parto prematuro o sufrimiento fetal agudo. Su abordaje requiere servicios de salud integrales, continuos y centrados en la mujer, lo cual no siempre está disponible en las zonas rurales.

Así, el panorama de causas que llevan a la mortalidad perinatal en contextos rurales es multifactorial, prevenible y refleja desigualdades evitables. El fortalecimiento del primer nivel de atención, la vigilancia activa de embarazos de riesgo y el acceso oportuno a servicios obstétricos y neonatales son pilares esenciales para reducir estas muertes.

Barreras de acceso al cuidado materno y neonatal

• Infraestructura deficiente (carreteras, ambulancias, centros de salud).
• Personal de salud escaso o sin formación obstétrica/neonatal.
• Costo directo e indirecto de la atención.
• Creencias tradicionales y prácticas culturales que retrasan la búsqueda de atención.

Las barreras de acceso a la atención materna y neonatal en zonas rurales representan un obstáculo central para la reducción de la mortalidad perinatal. Estas barreras no son únicamente clínicas, sino que abarcan dimensiones geográficas, económicas, institucionales y socioculturales, lo que agrava la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y sus recién nacidos en comunidades marginadas.

Una de las principales barreras es la infraestructura deficiente, que incluye caminos en mal estado, falta de transporte público confiable y ausencia o insuficiencia de ambulancias o vehículos sanitarios para el traslado de pacientes en situación de emergencia. Muchas localidades rurales están alejadas de los centros de salud y hospitales, lo cual dificulta el acceso rápido a servicios obstétricos de emergencia. Esto se traduce en demoras críticas que comprometen tanto la vida de la madre como la del feto o recién nacido.

A esto se suma la escasez de personal de salud capacitado, especialmente en obstetricia y neonatología. En muchas unidades rurales, la atención la brindan pasantes o personal con formación limitada para manejar complicaciones del embarazo o del parto. La rotación frecuente del personal, las malas condiciones laborales y la falta de incentivos para trabajar en zonas rurales perpetúan esta situación. La ausencia de atención continua y especializada impide un seguimiento adecuado de los embarazos y limita las posibilidades de una intervención oportuna.

El costo de la atención médica, tanto en términos directos (medicamentos, estudios, honorarios) como indirectos (transporte, alojamiento, pérdida de ingresos), también constituye una barrera significativa para muchas familias rurales. Aunque los servicios públicos deberían ser gratuitos en teoría, en la práctica, los gastos asociados al acceso a la atención suelen ser prohibitivos, especialmente en situaciones de urgencia. Esto lleva a que muchas mujeres recurran a la atención en el hogar o posterguen su consulta hasta que las complicaciones ya son graves.

Finalmente, las creencias tradicionales y las prácticas culturales locales pueden influir en la manera en que se percibe el embarazo y el parto. En algunos contextos, la desconfianza hacia el sistema de salud institucional —producto de experiencias de maltrato, discriminación o barreras lingüísticas— lleva a preferir el parto en casa, asistido por familiares o parteras no capacitadas. Asimismo, ciertas prácticas culturales pueden retrasar la decisión de acudir a un centro médico, incluso ante signos de alarma.

Estas barreras, que operan de forma interrelacionada, deben ser abordadas mediante estrategias integrales que combinen inversión en infraestructura, fortalecimiento del personal, reducción de desigualdades económicas y reconocimiento de la diversidad cultural. Solo así será posible garantizar el derecho a una atención digna, segura y oportuna para las mujeres y los recién nacidos en zonas rurales.

Estrategias de intervención comunitaria

• Formación y certificación de parteras tradicionales.
• Casas de salud, casas maternas o albergues para embarazadas.
• Redes comunitarias de referencia y contrarreferencia.
• Educación para la salud adaptada culturalmente.

La reducción de la mortalidad perinatal en zonas rurales requiere de un enfoque que vaya más allá del ámbito hospitalario y se inserte directamente en las comunidades, con estrategias participativas, culturalmente pertinentes y sostenibles. La intervención comunitaria permite acercar los servicios de salud a la población, generar confianza, y construir soluciones que respondan a las realidades locales. Diversos países han documentado que el involucramiento activo de las comunidades puede ser determinante para mejorar los desenlaces perinatales.

Una estrategia clave es la formación y certificación de parteras tradicionales. En muchas comunidades rurales, las parteras son figuras respetadas y accesibles, que atienden a la mayoría de las mujeres durante el embarazo y el parto. Lejos de excluirlas, los programas exitosos han promovido su capacitación en temas de salud materna y neonatal, el fortalecimiento de sus habilidades para detectar signos de riesgo y su integración a las redes de salud. Esto incluye la provisión de insumos básicos, seguimiento por personal médico, y mecanismos claros de referencia oportuna cuando se identifiquen complicaciones.

Otro modelo efectivo ha sido la creación de casas de salud, casas maternas o albergues para embarazadas, ubicadas cerca de hospitales o centros de segundo nivel. Estas casas permiten que las mujeres que viven en localidades de difícil acceso puedan alojarse temporalmente en un lugar seguro en las últimas semanas del embarazo, facilitando su llegada al hospital cuando inicie el trabajo de parto. Además de ofrecer hospedaje, muchas de estas casas brindan alimentación, consejería y vigilancia obstétrica básica, lo que reduce significativamente los tiempos de traslado y las complicaciones asociadas a la demora en la atención.

Las redes comunitarias de referencia y contrarreferencia también juegan un papel esencial. Estas redes pueden incluir comités locales de salud, promotores comunitarios, brigadas de emergencia o acuerdos con transportistas locales. Su función es detectar signos de alarma, activar mecanismos de traslado, y garantizar que las mujeres reciban atención oportuna y adecuada. El diseño de estas redes debe contemplar la participación activa de la comunidad, el respeto a la organización local, y la articulación efectiva con el sistema formal de salud.

Finalmente, la educación para la salud adaptada culturalmente es una herramienta poderosa. Las campañas educativas deben usar lenguas originarias, recursos visuales accesibles y enfoques narrativos que respeten las creencias locales y promuevan el diálogo. Más que imponer recomendaciones, se trata de construir conocimiento compartido sobre el embarazo, el parto, el cuidado neonatal y los derechos reproductivos, empoderando a las mujeres, a sus familias y a sus comunidades.

Estas estrategias comunitarias no solo contribuyen a reducir la mortalidad perinatal, sino que fortalecen el tejido social, promueven la corresponsabilidad en el cuidado y dignifican el derecho a una maternidad segura en contextos históricamente excluidos.

Fortalecimiento del primer nivel de atención

• Detección temprana de embarazos de alto riesgo.
• Control prenatal sistemático y continuo.
• Protocolos de atención para emergencias obstétricas y neonatales.
• Integración de equipos multidisciplinarios itinerantes.

El primer nivel de atención es la base del sistema de salud y el principal punto de contacto entre las comunidades y los servicios sanitarios. En el contexto rural, su fortalecimiento es fundamental para prevenir y reducir la mortalidad perinatal, ya que representa el espacio más cercano, accesible y potencialmente continuo para brindar cuidados preventivos, atención oportuna y educación para la salud. Su adecuada estructuración puede marcar la diferencia entre una vida salvada y una muerte evitable.

Una de sus funciones prioritarias es la detección temprana de embarazos de alto riesgo. Esto requiere personal capacitado que pueda identificar signos de alerta desde la primera consulta, mediante historia clínica completa, exploración física, mediciones básicas como presión arterial y peso, así como tamizajes laboratoriales esenciales. Una identificación oportuna permite diseñar un plan de atención diferenciado y establecer mecanismos de referencia temprana a servicios de mayor complejidad cuando sea necesario.

Asimismo, es indispensable garantizar un control prenatal sistemático y continuo, que no se limite a una o dos consultas aisladas, sino que forme parte de un acompañamiento integral durante toda la gestación. Este seguimiento debe contemplar tanto aspectos biomédicos como psicosociales, con enfoque intercultural, de género y basado en derechos. Las consultas deben ser oportunidad no solo para detectar riesgos, sino también para educar a la gestante, resolver dudas, brindar apoyo emocional y promover el autocuidado.

Otra medida clave es la implementación de protocolos claros y estandarizados para la atención de emergencias obstétricas y neonatales. Contar con guías clínicas y algoritmos de acción mejora la toma de decisiones clínicas, evita improvisaciones, y permite actuar de forma coordinada ante situaciones como hemorragias, preeclampsia, trabajo de parto prolongado o asfixia neonatal. Estos protocolos deben estar adaptados al contexto rural, ser conocidos por todo el personal y contar con los insumos mínimos para su aplicación.

Finalmente, en comunidades donde no existen médicos residentes o personal estable, la integración de equipos multidisciplinarios itinerantes puede ser una estrategia viable y efectiva. Estos equipos, conformados por personal médico, de enfermería, trabajo social y salud comunitaria, pueden desplazarse periódicamente a las localidades para brindar atención prenatal, vigilancia del recién nacido, capacitación a parteras y seguimiento de casos de riesgo. Su presencia fortalece el vínculo con la comunidad y contribuye a cerrar brechas de atención.

Fortalecer el primer nivel no solo implica infraestructura y recursos humanos, sino también voluntad política, participación comunitaria y articulación entre programas. Solo así podrá convertirse en un verdadero escudo protector contra la mortalidad perinatal, especialmente en los sectores más vulnerables de la población.

Coordinación intersectorial y políticas públicas

• Rol de instituciones como IMSS-BIENESTAR, Secretaría de Salud, INSABI.
• Programas de combate a la pobreza y de equidad de género.
• Vigilancia perinatal como parte de los sistemas de información en salud.

La reducción efectiva de la mortalidad perinatal en zonas rurales no puede depender exclusivamente del sector salud. Se trata de un fenómeno multifactorial que exige una respuesta articulada entre sectores, con políticas públicas integrales que aborden los determinantes sociales de la salud y promuevan el desarrollo con equidad. La coordinación intersectorial es, por tanto, un pilar indispensable para generar cambios sostenibles y con impacto a largo plazo.

Instituciones como IMSS-BIENESTAR, la Secretaría de Salud y, anteriormente, el INSABI, desempeñan un rol central en el diseño e implementación de estrategias de atención primaria orientadas a la población rural y marginada. Estos organismos son responsables de garantizar la cobertura de servicios esenciales, capacitar al personal de salud, equipar unidades médicas, generar campañas de información, y coordinar el trabajo con redes comunitarias y gobiernos locales. Su labor debe estar enfocada en garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a la atención materno-neonatal.

Además, es imprescindible que los programas de combate a la pobreza, desarrollo social y equidad de género se integren como parte del esfuerzo por disminuir la mortalidad perinatal. Iniciativas como apoyos económicos condicionados, becas para niñas y adolescentes, programas de alimentación, vivienda digna o acceso al agua potable pueden tener un efecto directo en la salud materna e infantil, al reducir la vulnerabilidad de las familias y favorecer condiciones más seguras para el embarazo y el nacimiento. Del mismo modo, los programas de empoderamiento de las mujeres, educación sexual integral y prevención de violencia de género son fundamentales para asegurar decisiones reproductivas informadas y libres.

Otro elemento clave es la vigilancia perinatal como componente de los sistemas de información en salud. Es necesario contar con registros confiables y oportunos sobre embarazos, nacimientos, muertes fetales y neonatales, así como sobre factores de riesgo y calidad de la atención. La implementación de sistemas como el Sistema de Información Perinatal (SIP) o la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna y Perinatal, permite identificar patrones, brechas y prioridades de intervención. La información generada debe usarse no solo con fines estadísticos, sino para tomar decisiones de política pública basadas en evidencia y para establecer mecanismos de rendición de cuentas.

En conjunto, estas acciones intersectoriales deben estar alineadas bajo una visión de derechos humanos, justicia social y salud universal. La mortalidad perinatal es un indicador sensible del compromiso de un país con su población más vulnerable: las madres y los recién nacidos. Superar esta problemática exige voluntad política, inversión sostenida y, sobre todo, un trabajo colaborativo que rompa con la fragmentación institucional.

Monitoreo y evaluación

• Indicadores: mortalidad fetal tardía, neonatal precoz, cobertura de atención.
• Sistemas de vigilancia comunitaria y auditorías de muerte perinatal.
• Participación social en la identificación y solución de problemas.

El monitoreo y la evaluación son componentes esenciales para mejorar las estrategias dirigidas a reducir la mortalidad perinatal, especialmente en zonas rurales donde los desafíos son mayores y los recursos más limitados. Evaluar el impacto de las intervenciones no solo permite conocer los avances logrados, sino también identificar fallas, redireccionar esfuerzos y garantizar la transparencia y efectividad de las políticas públicas en salud materno-infantil.

Entre los indicadores clave utilizados para este fin destacan la mortalidad fetal tardía (defunciones fetales a partir de las 22 semanas de gestación), la mortalidad neonatal precoz (muertes ocurridas entre los primeros 0 y 7 días de vida) y la cobertura de atención institucional del parto y del control prenatal. Estos indicadores permiten observar tanto la magnitud del problema como las brechas de acceso y calidad entre distintos contextos geográficos, sociales y étnicos. Su desagregación por área rural-urbana, nivel socioeconómico y pertenencia indígena es crucial para una evaluación con enfoque de equidad.

La creación y fortalecimiento de sistemas de vigilancia comunitaria y auditorías de muerte perinatal son estrategias efectivas para promover una mejora continua de los servicios. Las auditorías permiten analizar de manera detallada los casos de muerte fetal o neonatal, identificar causas evitables, deficiencias en la atención, barreras de acceso y oportunidades de mejora. Cuando se realizan con enfoque no punitivo, interdisciplinario y con participación comunitaria, pueden convertirse en potentes herramientas de transformación institucional. Asimismo, los sistemas de vigilancia con participación comunitaria permiten registrar muertes que no siempre son notificadas oficialmente, especialmente en comunidades aisladas, y facilitan el contacto temprano con mujeres embarazadas en situación de riesgo.

Por último, la participación social en la identificación y solución de problemas fortalece la gobernanza sanitaria y promueve la corresponsabilidad. Cuando las comunidades, a través de comités de salud, promotoras comunitarias o asambleas locales, participan activamente en el análisis de sus indicadores de salud perinatal, se genera un proceso de apropiación colectiva del derecho a la salud. Esto no solo mejora la vigilancia, sino que también estimula la exigencia de servicios dignos y oportunos.

Un sistema de monitoreo y evaluación sólido, descentralizado, transparente y sensible al contexto cultural y social, es fundamental para lograr avances sostenibles en la reducción de la mortalidad perinatal en el medio rural. Medir es el primer paso para transformar.

Conclusión

• Reducir la mortalidad perinatal en el medio rural requiere un enfoque integral, culturalmente sensible y basado en derechos, con participación activa de la comunidad y compromiso institucional sostenido.

La mortalidad perinatal en el medio rural representa una de las expresiones más dolorosas de las desigualdades en salud. Su persistencia refleja no solo fallas en la atención clínica, sino también inequidades estructurales, barreras culturales y abandono institucional que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, este problema es también un área de oportunidad: reducir la mortalidad perinatal no solo es posible, sino alcanzable con acciones coordinadas, sensibles y sostenidas.

Abordar esta problemática exige un enfoque integral que contemple tanto la prevención como la atención oportuna de complicaciones, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la articulación de redes comunitarias de apoyo. Además, es imprescindible que este enfoque sea culturalmente pertinente, reconociendo y respetando la diversidad de valores, prácticas y cosmovisiones presentes en las comunidades rurales, sin renunciar al derecho de todas las mujeres y recién nacidos a recibir atención segura y basada en evidencia.

El marco de acción debe estar sustentado en una perspectiva de derechos humanos, donde el acceso a servicios de salud materno-infantil de calidad no sea un privilegio, sino una garantía universal. Esto incluye asegurar el consentimiento informado, combatir toda forma de violencia o discriminación obstétrica y promover la autonomía reproductiva de las mujeres en todos los contextos.

Finalmente, la participación activa de las comunidades, la formación de redes locales, el empoderamiento de parteras tradicionales y promotores de salud, junto con el compromiso institucional sostenido por parte del Estado y sus programas sociales y sanitarios, son elementos clave para transformar la realidad de miles de familias en zonas rurales.

Reducir la mortalidad perinatal es, en esencia, una cuestión de justicia social, y debe asumirse como una prioridad ética, sanitaria y política. Solo así se podrá garantizar el inicio de la vida en condiciones dignas, seguras y equitativas para todas y todos, sin importar el lugar donde se nazca.